El ataque a la institucionalidad ancestral Indígena, a través de la criminalización de dos de sus exdirigentes es ilegal y contraria al derecho nacional e internacional. ¡Exigimos respeto a las alcaldías Indígenas ancestrales y la liberación inmediata de los detenidos!
Como organización cuya misión es defender los derechos de los Pueblos Indígenas, Cultural Survival apoya la autodeterminación, las culturas, sustentos de vida y resiliencia política de las comunidades. Por ello, Cultural Survival denuncia enérgicamente al Pacto de Corruptos que opera a través del Ministerio Público por la detención arbitraria de dos de sus exdirigentes, Luis Pacheco y Héctor Chaclán, a quienes acusa de terrorismo por haber participado durante ciento seis días en protestas pacíficas en pro de la democracia en Guatemala. La detención de los compañeros atenta contra derechos fundamentales consagrados tanto en la Constitución Política de Guatemala como en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas d, firmada y ratificada por Guatemala y es un claro ataque no sólo al sistema de autoridades ancestral Indígena K’iche’.
Razones de la criminalización de los activistas Indígenas
La criminalización de los dos activistas y líderes de los 48 Cantones de Totonicapán evidencia una estrategia dirigida a quebrantar la institucionalidad ancestral Indígena, la cual constituye una de las columnas vertebrales de la resistencia ciudadana guatemalteca contra la corrupción y la impunidad. Evidencia también la intención deliberada del Ministerio Público de amenazar a los defensores de Derechos Humanos, de disuadir y debilitar a los movimientos sociales y a la sociedad en general para que no se movilicen contra la corrupción y la impunidad.
Ilegalidad de la criminalización
La Constitución de Guatemala, en su Artículo 35, garantiza la libertad de expresión, vía la Libre emisión del Pensamiento y en su Artículo 45, reconoce el derecho de resistencia “Es legítima la resistencia del pueblo para la protección y defensa de los derechos y garantías consignados en la Constitución”. Asimismo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su Artículo 21, garantiza el derecho de reunión pacífica.
En varios informes de la CIDH (2015) sobre la criminalización de la protesta social, y del Relator especial de la ONU sobre la Libertad de Expresión (2018), ambos actores han coincidido en que las movilizaciones sociales y demostraciones sobre la vía pública o en espacios públicos se realizan en el marco del derecho a la Libertad de Expresión y del Derecho de Reunión.
Por lo tanto, la detención de ambos activistas K’iche’s no solo es contraria a la Constitución y a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas ratificados por Guatemala, sino que refleja una postura en contra de los movimientos sociales; además es una práctica de discriminación y persecución selectiva contra líderes Indígenas y contra los Pueblos Indígenas de Guatemala, en general. Por tanto, exigimos la liberación inmediata de Luis Pacheco y Héctor Chaclán y el cese de la criminalización de todas las entidades que defienden la dignidad y los derechos humanos de los Pueblos Mayas y de los guatemaltecos.
Confiamos en que la presión nacional e internacional logrará la anulación de las acusaciones y que la lucha de estos líderes, de las Alcaldías Indígenas y de otras formas legítimas de gobierno y organización Indígenas ancestrales continuará siendo un símbolo de resistencia legítima. La justicia no debe criminalizar el ejercicio del derecho a la protesta ya que es un derecho inalienable de todos los ciudadanos, en todas las democracias, sin importar su origen étnico.
Foto por Daniel Mennerich.
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