Por Equipo de CS
Desde finales de abril de 2025, Panamá atraviesa una ola de movilizaciones sociales encabezadas por diversos sectores que expresan su rechazo a reformas legislativas impuestas por el Estado, particularmente la Ley 462 sobre el programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja de Seguro Social (CSS), la reapertura de la minería metálica y acuerdos con potencias extranjeras que afectarían la soberanía del país. En este contexto, los Pueblos Indígenas han sido nuevamente blanco de una violencia institucional desproporcionada que vulnera sus derechos individuales y colectivos.
En especial, las comunidades Ngäbe-Buglé y Emberá han sufrido una escalada represiva desde el 14 de mayo, con incursiones de fuerzas policiales dentro de sus comunidades, allanamientos arbitrarios, detenciones sin debido proceso y uso excesivo de la fuerza, incluyendo el empleo de armas de fuego, gases lacrimógenos y perdigones. Según información recopilada por organizaciones locales y testimonios directos, al menos dos jóvenes han resultado gravemente heridos, más de 80 personas presentan lesiones de diversa consideración, y se reportan al menos 25 detenciones sin que se tenga certeza sobre su situación legal o física. Uno de los casos más graves es el del joven universitario Ngäbe Jaiko Castillo, quien permanece en estado crítico tras recibir impactos de bala durante una protesta pacífica.
El 17 de mayo, se reportó una violenta represión contra miembros del pueblo Emberá en la comunidad de Arimae, provincia de Darién. Los operativos se realizaron con helicópteros, armas largas y gases, generando terror y desplazamiento forzado. Niños, mujeres y ancianos fueron afectados. Días antes, comunidades Ngäbe-Buglé ya habían sido objeto de similar violencia en localidades como Tolé, Viguí, El Prado, Trinidad, Ojo de Agua y El Piro.
En respuesta, distintos congresos y organizaciones Indígenas han emitido pronunciamientos contundentes. El Congreso General de Guna Yala, mediante acción simbólica y pacífica el 21 de mayo realizó una marcha en la Ciudad de Panamá como expresión de solidaridad con los pueblos hermanos y exigió al Estado panameño el respeto a la protesta social, el cese inmediato de la represión y la derogatoria de las reformas rechazadas. La Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas de Panamá (COONAPIP), una instancia que representa a los siete Pueblos Indígenas reconocidos por el Estado panameño y que aglutina los doce (12) territorios comarcales y las tierras colectivas Indígenasa través de sus congresos y consejos tradicionales, realizó una conferencia de prensa el 19 de mayo de 2025. En su comunicado, COONAPIP denunció la violación sistemática de derechos humanos, el uso excesivo de la fuerza por parte de unidades antimotines, y expresó su profunda preocupación por la estigmatización de los Pueblos Indígenas como “enemigos del Estado”. Asimismo, exigieron al gobierno panameño que detenga la represión, respete los principios democráticos, y garantice espacios de diálogo real, libre de coacción. COONAPIP reiteró su llamado al respeto de los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos y de los Pueblos Indígenas.
Estas acciones del Estado panameño contraviene lo establecido en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (artículos 7, 8, 10 y 19), que garantiza el derecho a la vida, integridad física, la libre determinación, el consentimiento libre, previo e informado, y la protección frente a desplazamientos forzados. Aunque Panamá no ha ratificado el Convenio 169 de la OIT, su marco constitucional y compromisos internacionales en materia de derechos humanos exigen el respeto y protección de los Pueblos Indígenas. Además, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ambos vinculantes para el Estado panameño, protegen los derechos a la protesta pacífica, a la libertad de expresión y a no ser objeto de detenciones arbitrarias ni uso excesivo de la fuerza.
Desde un enfoque de género, se debe destacar que las mujeres Indígenas, al estar al frente de muchas de estas acciones de resistencia comunitaria, enfrentan una doble carga: son blanco de violencia estatal y, al mismo tiempo, sostén del núcleo familiar y de la lucha colectiva. En contextos de represión, ellas y sus hijos son quienes sufren las consecuencias más graves del desplazamiento forzado, la criminalización y la falta de acceso a servicios de salud, atención psicosocial y justicia. El impacto de la violencia estatal en las niñas Indígenas también merece especial atención, dado su efecto devastador a largo plazo en el tejido comunitario y el ejercicio pleno de sus derechos.
Cultural Survival, en su compromiso por promover y defender los derechos de los Pueblos Indígenas en todo el mundo, se suma al llamado urgente a la comunidad internacional, a los mecanismos de derechos humanos del Sistema de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano, para monitorear de cerca la situación de Panamá, exigir el cese de la violencia estatal, la liberación de las personas detenidas injustamente y la instalación de un diálogo intercultural, vinculante y respetuoso con los Pueblos Indígenas.
Reafirmamos que la protesta social no es delito y que los Pueblos Indígenas tienen derecho a manifestarse libremente cuando sus territorios, autonomías, culturas y vidas están en peligro.
