Por Equipo de CS
La inseguridad en cuanto a tenencia de tierra para los Pueblos Indígenas de Paraguay se ha acentuado recientemente más aún a causa de la ineficacia de los propios mecanismos institucionales que deberían proteger el derecho a la tierra y el territorio. En este contexto, Cultural Survival junto con las asociaciones Paĩ Reta Joaju y Paĩ Jopytyra, que aglutinan a varias comunidades del pueblo Paĩ Tavyterã, ha presentado un informe alternativo para el Examen Periódico Universal de Paraguay, que tendrá lugar en mayo de 2026.
Desde mediados de septiembre y durante 12 días los Pueblos Indígenas de Paraguay salieron a protestar por el cierre de las oficinas centrales del Instituto Indígena del Paraguayo (INDI) en Asunción, lo cual afectaría negativamente a los procesos de delimitación de tierras de varias comunidades. Estos procesos ya se encuentran en muchos casos postergados y enfrentan un sinfín de dificultades por falta de voluntad política. Los pueblos también exigían la destitución del presidente del INDI y un aumento en el presupuesto de la institución que permita la legalización de tierras Indígenas.
A raíz de las protestas, el presidente del INDI fue destituido y el 6 de octubre de 2025 Hugo Samaniego pasó a ocupar la posición, quien prometió reactivar la sede central del INDI en Asunción. A pesar de este cambio de cara, es necesario comprobar aún si la metodología de trabajo de la institución también enfrentará cambios que se traduzcan en un avance serio de la titulación de tierras Indígenas en el país.
El informe de Cultural Survival y de las asociaciones Paĩ Reta Joaju y Paĩ Jopytyra se enfoca en el caso específico de las comunidades Indígenas del pueblo Paĩ Tavyterã en el departamento de Amambay, Concepción y Canindeyú pero ejemplifica un patrón de violación de derechos que enfrentan muchos otros pueblos en el país. Estas comunidades Paĩ Tavyterã enfrentan violaciones sistemáticas a su derecho a la tierra en diversas zonas del territorio. Más de 22 comunidades continúan esperando la regularización de sus territorios, muchas de ellas con expedientes abiertos ante el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) desde hace años, sin resolución efectiva. Esta dilación constituye una grave vulneración al derecho al territorio consagrado en normas nacionales e internacionales.
El caso de Yvy Pyte es especialmente alarmante. La comunidad ha sido víctima de invasiones en territorios que ya cuentan con títulos emitidos a nombre del INDI a favor de la comunidad. Se han presentado denuncias ante el Ministerio Público pero no se ha garantizado protección efectiva ni el debido proceso a las demandas comunitarias. En abril de 2025 el Ministerio Público realizó una interveción en la comunidad para obtener información acerca de las invasiones pero no se ha avanzado en la investigación.
En la misma comunidad de Yvy Pyte se encuentra pendiente un juicio de mensura judicial, iniciado con el propósito de delimitar y proteger el territorio comunitario. La comunidad ha expresado preocupación ante el cierre de la etapa técnica ya que el INDI no ofrece las garantías necesarias para que se pueda finalizar el proceso.
Debido a la ocupación ilegal de sus tierras las comunidades han enfrentado varios ataques. En julio de 2023 se registraron disparos al aire por parte de invasores armados en el territorio ancestral del pueblo Paĩ Tavyterã. Este hecho puso en riesgo la integridad física de niños y adultos, generando un clima de temor y zozobra en las comunidades. El episodio más grave de persecución terminó el 22 de octubre de 2023 con el asesinato de Arnaldo Benítez Vargas, líder espiritual (tekoaruvicha) de la comunidad Yvy Pyte.
Un año antes, el 23 de octubre de 2022, Alcides Morilla Romero, líder político y religioso de la comunidad Jasuka Venda, fue asesinado junto a su secretario Rodrigo Gómez González en Jasuka Venda, Amambay. Ambos murieron en el contexto del conflicto entre el grupo armado autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) y la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), unidad estatal paraguaya que combate grupos criminales. Hasta la fecha ninguno de estos crímenes han sido esclarecidos.
Jasuka Venda, el principal sitio espiritual del pueblo Paĩ Tavyterã, reconocido como territorio sagrado y declarado Patrimonio Natural y Cultural de la Nación, también enfrenta amenazas. Las comunidades han solicitado garantizar su protección, poner fin a los conflictos armados en la zona e impedir la instalación de plantaciones ilegales de marihuana en el cerro sagrado. Hasta la fecha, no se han adoptado medidas efectivas ni se han brindado garantías de seguridad.
A pesar de haber incorporado obligaciones internacionales para respetar el derecho al Consentimiento Libre, Previo e Informado, dicho derecho continúa sin ser aplicado de manera efectiva en la práctica ya que enfrenta deficiencias estructurales al depender del INDI. Esta situación compromete la garantía del derecho consagrado en la Ley N.º 234/93 y evidencia la necesidad urgente de fortalecer la institucionalidad encargada de coordinar los procesos de consulta conforme a estándares internacionales.
Las comunidades Indígenas del pueblo Paĩ Tavyterã también enfrentan una situación de desprotección estructural que afecta gravemente el acceso a derechos básicos como la salud y la educación. En contextos marcados por la violencia territorial, el desabastecimiento de insumos médicos, la falta de transporte adecuado y la discriminación institucional limitan el acceso efectivo a servicios de salud, poniendo en riesgo la vida e integridad de las familias Indígenas. En Yvy Pyte, la escuela básica de la comunidad, ubicada dentro del territorio invadido, también se ha visto gravemente afectada y la inseguridad ha reducido drásticamente la asistencia escolar.
Al mismo tiempo, las juventudes Indígenas se ven especialmente afectadas por la falta de oportunidades. Las dificultades para acceder a la educación formal, obtener documentación legal y fortalecer la transmisión de saberes ancestrales vulneran su desarrollo integral y su participación activa en la vida comunitaria.
En nuestro informe instamos a los Estados Miembros a hacer las siguientes recomendaciones a Paraguay durante su sesión del Examen Periódico Universal:
- Fortalecer de manera urgente la capacidad operativa y jurídica del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), garantizando su intervención efectiva en los procesos de defensa territorial. Esto incluye la obligación de brindar representación legal en juicios civiles, dar seguimiento a expedientes abiertos y responder en tiempo y forma a las solicitudes presentadas por las comunidades Indígenas.
- Adoptar medidas inmediatas para proteger territorios Indígenas ya titulados frente a ocupaciones ilegítimas, incluyendo acciones de fiscalización, restitución de tierras y garantías de seguridad para las comunidades afectadas.
- Asignar recursos financieros, técnicos y humanos suficientes al Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) para garantizar la regularización efectiva de tierras Indígenas, incluyendo mensuras, titulación y defensa jurídica.
- Aplicar de forma efectiva la normativa vigente que reconoce a Jasuka Venda como territorio ancestral y Patrimonio Natural y Cultural, adoptando medidas concretas para su protección frente a actividades ilícitas, amenazas armadas y despojo territorial en coordinación directa con las autoridades tradicionales del pueblo Paĩ Tavyterã.
- Garantizar investigaciones sobre los asesinatos de defensores Indígenas del pueblo Paĩ Tavyterã, asegurando justicia, sanción a los responsables y reparación para las comunidades afectadas.
- Adoptar medidas urgentes de protección para líderes y comunidades Indígenas en zonas de conflicto territorial, incluyendo protocolos de seguridad y coordinación interinstitucional.
- Garantizar que el proceso de consulta libre, previa e informada tenga carácter vinculante y se estructure conforme al derecho a la autodeterminación de los Pueblos Indígenas y a su participación sustantiva en la toma de decisiones. Dicho proceso deberá ser convocado y desarrollado en coordinación directa con las autoridades tradicionales legítimamente reconocidas por las comunidades, asegurando que su diseño, ejecución y temporalidad respondan a las formas propias de deliberación colectiva.
- Enfatizar medidas urgentes que garanticen el acceso al derecho a la salud de las poblaciones Indígenas, superando prácticas discriminatorias, el desabastecimiento y las dificultades de traslado, especialmente en contextos de violencia y desprotección.
- Garantizar los derechos de las juventudes Indígenas al acceso a la educación, a la documentación legal y a la transmisión intergeneracional de sus saberes, asegurando condiciones reales para su ejercicio pleno y su participación activa en la vida comunitaria.
